La ratificación del Acuerdo de Escazú, que entró en vigor el pasado 22 de abril en una decena de países, se hundió este domingo en el Congreso de Colombia, que no votó el proyecto firmado con mensaje de urgencia por el Presidente Iván Duque.

El trámite legislativo fue detenido por casi 11 meses porque un bloque de congresistas, incluidos miembros del oficialista Centro Democrático, partido del cual Duque hace parte, y los gremios más importantes desaprobaron su contenido y pidieron que fuera archivado.

El Congreso tenía hasta hoy, cuando termina el periodo legislativo, para votar el proyecto en primer debate, pero luego de varios aplazamientos las comisiones segundas del Senado y la Cámara de Representantes, en las que se alcanzaron a presentar ponencias a favor y en contra, no avanzaron en su debate.

"Perdemos tiempo y vamos a retrasar la oportunidad de hacer mejor las cosas. Si se archiva el proyecto, el Gobierno tendrá que volverlo a presentar y habremos perdido el chance de comenzar a tratar las buenas prácticas en temas de democracia ambiental con los países que ya lo ratificaron", explicó a EFE la abogada miembro de la Alianza por el Acuerdo de Escazú María Alejandra Lozano.

Para la experta, esta legislatura tenía en sus manos la oportunidad de "tratar de reducir los conflictos ambientales y de evitar más muertes de líderes y defensores ambientales", en línea con los fundamentos de acceso a la información, participación y justicia ambiental del acuerdo.

El Acuerdo de Escazú fue firmado el 4 de marzo de 2018 en la ciudad costarricense del mismo nombre, en lo que es considerado el primer tratado multilateral en América Latina y el Caribe sobre asuntos ambientales y que da apoyo a los derechos humanos en general y los ambientales en particular.

Proteger la defensa del medio ambiente

Un estudio de la ONG Global Witness publicado en julio del año pasado señala que América Latina fue el lugar más peligroso para los defensores de la tierra en 2019 y Colombia lidera esa estadística con 64 crímenes.

Por ello, un grupo de organizaciones ambientalistas y universidades del país presionaron en los últimos días al Congreso para que ratificara el acuerdo, una herramienta que calificaron como "vital" para regular los derechos en defensa del medioambiente y "para que la Justicia sea efectiva alrededor del uso sostenible de nuestros recursos naturales".

"Con la ratificación de este instrumento regional, el país contará con un mejor marco legal para la transparencia y mayor seguridad jurídica que contribuyen al desarrollo de proyectos e incentivan las inversiones", valoraron en un comunicado el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), el centro de estudios DeJusticia y la campaña Escazú Ahora Colombia, entre otras instituciones.

EFE